Bruselas demanda a España por no aplicar directiva sobre IVA autónomos
hace 5 meses · Actualizado hace 5 meses
La reciente decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) marca un punto crítico en la relación entre las políticas nacionales y las exigencias de Bruselas.
El conflicto surge por la falta de trasposición de dos directivas clave sobre el IVA, un retraso que afecta directamente la operatividad de miles de autónomos y pequeñas empresas en territorio español.
España, el único estado de la UE que sigue sin trasponer la directiva del IVA para autónomos
La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por incumplir el plazo de transposición de dos directivas sobre el IVA.
El plazo venció el 31 de diciembre de 2024 y España es, a día de hoy, el único Estado miembro que no ha completado el proceso.
Qué dice la directiva y qué cambia para los autónomos
Una de las dos directivas permite a los Estados miembros eximir del IVA a autónomos y pequeñas empresas con facturación anual inferior a 85.000 euros.
Esto significa, en la práctica, no incluir el IVA en las facturas y quedar liberado de presentar las declaraciones trimestrales del impuesto. Según ATA, la federación de autónomos integrada en la CEOE, el ahorro medio por autónomo podría llegar a 600 euros anuales en costes administrativos.
La posición del Gobierno: ni sí ni no
El Ministerio de Hacienda ha reconocido que no tiene intención de aplicar la exención para el mercado interno español, ya que la directiva es de aplicación opcional para los Estados.
Lo que sí ha hecho es introducir una enmienda en la transposición de la directiva DAC 8 para permitir que autónomos españoles accedan al régimen de franquicia cuando operen en otros países de la UE, siempre que su facturación total en la Unión no supere los 100.000 euros anuales.
En otras palabras: un autónomo español podrá beneficiarse de la exención si trabaja en Francia o Alemania, pero no si trabaja exclusivamente en España.
Por qué Bruselas actúa ahora
El procedimiento de infracción arrancó en enero de 2025, un mes después de que venciera el plazo. La Comisión envió cartas de emplazamiento y posteriormente dictámenes motivados en julio. Al no recibir respuesta satisfactoria, ha escalado el caso al TJUE, la vía que le permite solicitar sanciones económicas si los jueces le dan la razón.
No sería la primera vez. En agosto pasado, España fue multada con 6,8 millones de euros por no trasponer a tiempo la directiva de conciliación laboral. El país tiene un historial conocido de retrasos en la incorporación de normativa europea.
El riesgo real para las empresas
Más allá de la multa que pueda llegar, la falta de transposición genera ya un problema concreto: los otros 26 países de la UE aplican criterios diferentes para determinar dónde tributa el IVA.
Eso puede derivar en casos de doble imposición o de no imposición, con la incertidumbre fiscal que eso supone para cualquier negocio que opere a nivel europeo.
⚠️ Este artículo es meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero, legal ni fiscal. Puedes consultar nuestra exención de responsabilidad para mayor detalle. Antes de tomar decisiones económicas, consulta con un profesional cualificado.
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